1) “Si el país quiere aprovechar la coyuntura internacional y beneficiarse, tiene que permitir que los aumentos del exterior se trasladen al productor“.
2) “El productor (…) ha sido llevado a la resignación de posibilidades de retribución correlacionadas con los valores vigentes en el mercado mundial que, a la sazón, llegaron a los guarismos históricamente más elevados“.
3) “En otros tiempos, el ministro o secretario del área (Agricultura) era considerado por los productores como algo así como un abogado defensor del sector rural ante los otros organismos del Estado, proclives a exprimir los balances de las explotaciones agropecuarias“.
Cualquiera de estas tres frases podrían haber sido pronunciadas durante el reciente conflicto del campo.
Sin embargo, corresponden a declaraciones de las entidades rurales realizadas entre los años 1973 y 1974, durante el tercer gobierno peronista.
Son citadas en un trabajo del profesor de la Universidad de Quilmes, Carlos Makler, sobre la acción de las corporaciones agropecuarios durante ese gobierno.
Buena parte del trabajo resulta un deja vu de lo que sucede en el actual momento histórico. Un país que tenía que salir de la recesión y el desempleo, un aumento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, una buena cosecha inicial y una política económica que buscaba frenar la inflación importada y recuperar el salario real, desacoplando para eso el precio de los productos del agro respecto del mercado internacional. Además una crisis global, en esa ocasión provocada por la suba del petróleo.
El libro de Carlos Leyba, en ese momento Número Tres del ministro de Economía José Ber Gelbard, sobre Economía y Política en el Tercer Gobierno Peronista es también de ayuda para comprender la relación entre las entidades rurales y el gobierno.
Aparece ahí una Federación Agraria próxima al movimiento que encabezaba Perón, con un Humberto Volando como interlocutor y una SRA que adhiere al Pacto Social, que la Confederación General Económica y la CGT habían suscrito, arrastrada por el fuerte consenso que despertaba en la previa a las elecciones, la propuesta del líder. Solo Carbap se mantiene desde el primer momento ajeno a la convergencia.
Si bien es mucho lo que se puede decir sobre este momento histórico, con puntos de vista muy antagónicos, lo concreto es que el ruralismo termina alejándose progresivamente de la política oficial, con Carbap y SRA como abanderados.
De los factores que enumera Makler en su trabajo hay algunos, ya mencionadas que guardan correlación con la actualidad y permiten entender la reacción del ruralismo. Se trata de aquellos vinculados al mercado y a un rol activo del Estado en el mismo.
Precios máximos y estatización del comercio exterior son medidas sumamente resistidas por las entidades más conservadoras. FAA se queja de los precios pero apoya la nacionalización del comercio exterior, en tanto no se trate de una “estatización”.
Estos elementos retrotraen al punto de inflexión en la relación del campo con el gobierno de Kirchner, que a mi entender se produce cuando se fijan los pesos mínimos de faena. Es el síntoma de una problemática que no había sido resuelta en el 73 y que volvía a repetirse en el 2005: cómo hacer que los buenos precios externos de carnes y granos no generaran inflación interna. Y la solución empleada fue más o menos la misma.
De allí se pasó sucesivamente a la irritación por la intervención en el mercado del trigo, se agravó con el cierre de la exportación de carne vacuna y finalmente estalló con las retenciones móviles.
Sin embargo, hay factores de conflicto que no aparecen en el gobierno de Kirchner. A diferencia de lo ocurrido en el 73, en esta ocasión no hubo iniciativa política del kirchnerismo de desafiar al establishment agropecuario con proyectos como Ley Agraria, Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra o algún otro pudiera ser interpretado como un ataque a la propiedad privada.
Muy por el contrario, la actividad legislativa en estos últimos años ha apuntado a temáticas con un buen grado de consenso, como ley de biocombustibles, reducción del IVA en carnes e insumos, promoción caprina, fondo algodonero, promoción de la biotecnología, etcétera.
No hubo entonces un desafío al campo impulsando proyectos que pudieran ser considerados agresivos. En los convulsionados 70, el proyecto de Ley Agraria, filtrado a la prensa, había disparado fuertes críticas al considerárselo una verdadera reforma agraria y un ataque a la propiedad privada. “Denunciamos la grave infiltración ultra izquierdista existente a nivel de la secretaría de Agricultura y Ganadería”, denunciaba Carbap.
Tal vez la no agresión por la vía normativa, más las buenas circunstancias del mercado internacional hayan coadyuvado para que el kirchnerismo mantuviera una relación, sino buena al menos no conflictiva durante los primeros años de gobierno.
Por el contrario, en esta creciente etapa de conflictividad el funcionamiento del mercado estaría actuando como disparador y cohesionador de la protesta.
Mario Lattuada, en Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina, marca el peso del bolsillo del productor en la posición de las entidades. “La experiencia del gobierno peronista de 1973-1976 lo demuestra. FAA participó activamente en los programas de concertación, se integró en la CGE y apoyó el plan económico durante los primeros tiempos del gobierno. Pero en el mediano plazo, cuando la política económica resultado negativa para sus bases sociales, retiró su apoyo al gobierno, renunció a integrar la CGE y realizó junto a CRA varios paros agropecuarios“.
La coyuntura actual parece volcada a hacer prevalecer estos factores económicos por sobre cualquier otro en la relación con el Gobierno. Hoy da la impresión de tratarse de una situación irreversible o, por lo menos, de evolución incierta.
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