Surgieron a fines de 2006 como una forma creativa de armonizar la presión que la industria alimentaria sufría por la suba de los granos, con la política antiinflacionaria gubernamental.

Se instrumentó en el primer semestre de 2007 inicialmente para el sector avícola, al cual se fueron sumando progresivamente la molienda de trigo, los productores de este cereal, la industria láctea, los tamberos, los criadores porcinos, los industriales aceiteros, los feedlots y la molienda seca de maíz.

La política de compensaciones lleva transferidos más de $4.500 millones a estas actividades. Sin embargo, tras vivir su apogeo a mediados de 2008, hoy se puede decir que se encuentra en contracción.

Hay dos razones que podrían explicar este fenómeno.

La primera -una certeza- es la baja de los precios de los commodities, tras la burbuja del primer semestre del año pasado, que reduce el costo de los reembolsos.

La segunda -una hipótesis- es la necesidad del Estado de empezar a cuidar la caja, lo que derivó, entre otras cosas, en la liberación de los precios de los servicios (energía), para reducir el gasto.

En esta segunda línea, a partir de abril de 2008 comenzaron a discontinuarse algunas vías de reembolso.

La primera actividad en sufrirlo fue la industria aceitera, que pasó a implementar un sistema interno de compensaciones, donde las exportadoras le reembolsan a las fraccionadoras.

Según fuentes del sector, a casi un año de su definición, el sistema funciona. Sin embargo, sigue pendiente la formalización por parte del sector público (la Oncca o la Afip) del mecanismo. Incluso, aseguran, sigue pendiente las compensaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2008, que oportunamente fueran objetadas por la gestión de Echegaray en la Oncca.

Más adelante en el tiempo, dejaron de realizarse compensaciones al sector porcino que, dicho sea de paso, no era uno de los más significativos en cuanto a montos requeridos.

Nunca se promulgó ninguna resolución dando fin al sistema. Simplemente las resoluciones de pago dejaron de publicarse, de lo cual el lector asiduo del Boletín Oficial debió inferir que algo había ocurrido.

Lo concreto es que los productores porcinos quedaron en el limbo. Por un lado están los meses que reclaman quedaron pendientes de pago. Por el otro, hay quien asegura que como nunca se dio fin formalmente al sistema de reembolsos, algunos productores siguieron presentando los pedidos.

El último de los cambios refiere a los molinos harineros de trigo, a los cuales se los deja de compensar según sus compras y se los acota al equivalente en bolsas de harina 000 de 50 kg, y en tanto y en cuanto hayan pagado al productor el precio conocido como FAS teórico, es decir el FOB menos los gastos de exportación y derechos aduaneros.

Podría inferirse, a partir de esta última condición, que por lo tanto la compensación a productores de trigo queda discontinuada.
En el ínterin, no se renovaron los reembolsos a la industria láctea, aunque sí los aportes a los productores tamberos.
Pero hoy hay más dudas que certezas sobre el futuro de esta política.

Los operadores no ignoran las dificultades de caja que está teniendo el Gobierno y que podrían incrementarse en el futuro, si, como dijo la Presidenta de la Nación, “el mundo se está cayendo a pedazos”.

Las empresas miran con mucha atención el mercado y evalúan si les conviene permanecer en el sistema de acuerdos de precios, pagando su materia prima más cara y a la espera de la devolución desde un Estado que también sufre el ajuste económico.

Esto es particularmente más sensible para la molinería que debería pagar hoy un precio de 570 $/t por el trigo, cuando el mercado opera en torno de los 500 $/t.

Pero mientras esto se define, las erogaciones gubernamentales por reembolsos van reduciéndose. De picos de $500 millones mensuales a mediados de 2008, ha caído a $100/120 millones en el primer bimestre del año.

Por presupuesto nacional 2009, la Oncca contaba con $3.800 millones para atender el pago de reembolsos en el presente año. Pero la crisis global, la dinámica de la política interna y del mercado llevan a suponer hoy, que la cifra efectivamente ejecutada será mucho menor.