(Advertencia: material políticamente incorrecto)

La semana pasada, en el Congreso de Aapresid, un joven productor del sudeste bonaerense comentaba su situación. Allí la presión por alquilar campos los había llevado el año pasado a niveles de 400 dólares la hectárea, valores a los que solo aquellos que cuentan con amplias billeteras son capaces de acceder (hay que sumarle los costos de producción).

Con esa realidad, este productor veía imposible crecer en escala. Posee el conocimiento pero no el acceso al mercado del dinero.

Para este otoño, tras la mala campaña generalizada que hizo mella en los márgenes, la falta de liquidez hizo que esos precios se derrumbaran a 200 dólares.

Ahora, el productor pensaba que esta vez sí podría apuntar a expandir su superficie, dado que la relación entre valor de los granos e insumos había mejorado y el margen era atractivo, contando con agua en el suelo desde ya.

Pero la misma cuenta la hicieron sus colegas y los grandes grupos de siembra que operan en la zona, que salieron a conseguir el cash y empujaron los arrendamientos a un nivel de 280 dólares la hectárea.

El lamento del amigo productor -hombre de firmes convicciones liberales en lo económico- dejaba entrever que no le parecería mal que hubiera un coto a la acción de los grandes grupos de siembra.

Esta es la punta del ovillo, por el cual un sector del campo -los productores nucleados en la Federación Agraria- piden desde hace años una reforma en la ley de arrendamientos.

La entidad insistió numerosas veces en los últimos años para que el Congreso trate una modificación a la ley de alquileres que los beneficie. Finalmente lo han logrado, pero en circunstancias que no habían imaginado.

En este “mundo del revés” ahora la Federación prefiere no agitar las aguas del debate, un sector del kirchnerismo impulsa el debate, otro genera argumentos para no innovar y la oposición que al principio se hacía eco de los reclamos federados, ahora guarda prudente silencio.

Veamos la compleja trama del asunto.

a) ¿Quién es el beneficiario de un límite a la superficie a alquilar? (El proyecto Macaluse restringe el alquiler a diez unidades económicas, unas 1000 ha en la pampa húmeda).

Si lo vemos desde el punto de vista del productor, sería esperable que a menor competencia, menores valores, con lo cual el propietario resignaría ganancias.

Si el propietario es una ilustre familia patricia de doble apellido, parece que se vería políticamente correcto hacer que ganen menos dinero. Pero si el propietario es un gringo que le quedaron 80 o 150 hectáreas, ¿lo sería también?

¿Qué opinará el dueño de esa superficie, que hace rato dejó de producir y obtiene una renta incluso superior a la del arrendatario por esas hectáreas?

Por su parte el diputado socialista por Entre Ríos, Lisandro Viale propone ponerle un tope al precio del arrendamiento para “tornar menos conveniente para el propietario tercerizar la producción”.

Es decir, el legislador busca frenar el éxodo de productores pequeños y medianos haciendo que al ganar menos plata arrendando vuelvan a producir el campo. ¿Y el capital de trabajo para hacerlo?

Siendo benévolos, si un proyecto así no va acompañado con un sistema de créditos a la producción, parece difícil que logre el efecto buscado.

Más bien parece que ponerle límite a la superficie a alquilar tendría como beneficiario al productor pequeño o mediano, con algún capital para expandir superficie, pero que en las circunstancias actuales no tiene capacidad de competir contra los grandes pooles.

b) ¿Es factible la rotación obligatoria por ley? Por izquierda y por derecha se le pega al monocultivo de soja; los extremos se tocan. Entre otras razones, la gente siembra soja porque tiene menores requerimientos de capital que los cereales.

Pero como propone Viale, “entendemos que se debe establecer una rotación con gramíneas del 30% de la superficie anual cultivada”.

Y nuevamente, si la ley no contempla un sistema de promoción o subsidio a la siembra de los cereales, su siembra obligada actuaría en forma discriminatoria en contra de los productores con menos liquidez. Es decir, terminaría haciendo lo que el legislador quiere evitar: concentrando la producción.

c) La situación política merece un párrafo aparte.

El proyecto de poner coto a los pooles viene de la Federación Agraria. Desde que sigo el tema, me atrevo a sostener que los sectores más receptivos a las propuestas de la entidad han sido la izquierda (el socialismo) y el pan radicalismo (ARI). El peronismo siempre resultó más frío.

De hecho el proyecto actual es presentado por Macaluse, del SI, sobre la base del proyecto de la Federación Agraria. No fue el kirchnerismo quien lo introdujo.

En su versión de 2007, fue firmado por todos los diputados socialistas y 4 del ARI.

Pero ahora lo empuja la presidencia oficialista de la comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo de Alberto Cantero.

Entonces recibe el vacío (y rechazo) de la oposición, que es entendible en el PRO, no así en el pan radicalismo y otras fuerzas.

Pero lo más interesante: ¿quién resulta ser el portavoz de las críticas al proyecto Macaluse?

El año pasado, en pleno debate por la 125, el secretario Carlos Cheppi conformó una comisión para que analizara el tema arrendamiento a cuyo frente estuvo el sociólogo Osvaldo Barsky, autor del libro La Rebelión del Campo.

El trabajo, presentado por la Sagpya en febrero del corriente año, incluye un anteproyecto de ley alternativo. En el final del informe responde al planteo limitativo de la superficie a alquilar con el siguiente argumento:

“A raíz de (…) la prohibición de arrendar pasados ciertos límites se incrementan la generación de condiciones económicas que impulsen la compra de tierra en gran escala. Ello conduciría a una estructura agraria aún más regresiva y rígida que la actual, concentrando la renta del suelo y la ganancia en un solo sujeto económico. La existencia de capitales nacionales y extranjeros que buscan oportunidades de inversión seguras como la tierra (…) potencian estas posibilidades”.

Dicho de otro modo: el argumento que busca refutar el proyecto de limitación de la superficie a arrendar, que impulsan los diputados K, ¡proviene de un área del mismo gobierno K!

En tanto, la Federación Agraria guarda silencio. “No van a romper la unidad de la Mesa de Enlace”, dice Buzzi que parece privilegiar su sociedad con la SRA y CRA (los mayores opositores al proyecto) antes que lograr lo que sus asociados expresan en los congresos de la tierra.

Para terminar: qué decía la FAA en 2007, antes del estallido de “La Rebelión del Campo” según Barsky:

1) Limitar los contratos accidentales por una cosecha.

2) Plazo mínimo de arrendamiento por cinco años.

3) Incorporar figura del “contrato preferido” para pequeños y medianos agricultores que toman tierras.

4) Limitación de la superficie a alquilar, a través del aumento de la presión tributaria sobre las megaempresas arrendatarias.

El título del comunicado era “Junto a centenares de productores se presentó el proyecto de ley de contratos agrarios de FAA en el Congreso Nacional”.