Recientemente, un profesional agrónomo comentaba el caso de un cliente al que asesora.

Se trataba de un productor de la zona de San Nicolás, que suele arrendar unas 200 hectáreas.

El profesional contaba que para la campaña 2003/04 el margen bruto esperado de su cliente era de unos 125 u$s/ha, mientras que el del arrendador (propietario) era de 117 u$s/ha.

Previo al conflicto de las retenciones móviles los números habían variado sustancialmente, no tanto para el productor, que esperaba un margen levemente inferior a los 120 dólares por hectárea, como para el propietario, que superaba largamente los 500 dólares. Después de pagar Ganancias, les quedaría a cada uno 78 y 325 u$s/ha respectivamente.

La moraleja del relato del joven profesional es que los beneficios de las circunstancias del mercado, llámese renta extraordinaria, habían ido a los bolsillos del dueño del campo, no a las del productor.

Desde la teoría económica esto se explica porque existe un factor inelástico ante la demanda, que es la tierra, cuyo costo se eleva a medida que los mejores márgenes de la agricultura atraen nuevos inversores.

De la devaluación hasta el año pasado las condiciones de arrendamiento se fueron endureciendo al compás de la demanda.

Por empezar se fijaron en quintales de soja, cuyo número iba en aumento campaña tras campaña. Además esos quintales se pagaban en equivalente dólar o peso al momento del contrato, lo cual implicaba un costo financiero más que importante.

El sistema funcionó en tanto y en cuanto la soja a la cosecha valía más que a la siembra y el clima acompañaba.

Pero si el arrendamiento le ponía un piso a quien ponía en juego su capital, las retenciones (que también iban en aumento) le ponían un techo.

Por eso, después de cuatro campañas nuestro productor de San Nicolás mantenía un margen similar, mientras que el propietario lo había más que triplicado.

Esto hay que relacionarlo con la estructura fiscal de nuestro país. Ya desde los tiempos de la colonia, la forma más rápida y efectiva de recaudar ha sido la Aduana. Las sucesivas luchas entre Buenos Aires y el interior han sido por el dinero de los derechos de exportación e importación.

En esta oportunidad, lo dijo muy bien el ex ministro Roberto Lavagna. Las retenciones era una especie de “impuesto a las Ganancias imperfecto”. Como es difícil pasarle el rastrillo fiscal al campo con Ganancias, la solución fue esperarlos en el puerto.

La lógica funcionó hasta el año pasado. Porque como advirtió Gustavo Grobocopatel, con el actual sistema impositivo “si los precios bajan la crisis sería inevitable y quebraría el sistema agrícola argentino“.

En el anterior nota “Diez Ejes para el Consenso sobre Desarrollo” planteábamos que el sistema impositivo debería premiar a quien toma el riesgo de producir. En la actualidad esto no ha ocurrido.

En este sentido, el empresario de Carlos Casares coincide con la Federación Agraria en direccionar la carga fiscal hacia la tierra y no hacia la productividad. La lógica de Grobo es que un impuesto fijo estimula la productividad en tanto a mayor rinde, menos incidencia porcentual. Lógicamente, se entiende desde su posición de arrendatario.

Se trata sin duda de una idea discutible y que tuvo y tendrá numerosas objeciones. Pero la cuestión de fondo es, ¿cómo utilizar el sistema impositivo para estimular la productividad?

La idea de una reducción de las retenciones a medida que se aumenta la producción no es mala, pero los programas Trigo Plus y Maíz Plus no han sido lo que se dice generosos en este sentido.

Queda también el debate de fondo, ¿qué hacer con las retenciones? Si como dijo Lavagna era un impuesto a las Ganancias “sucio”, entonces lo que hay que hacer es perfeccionar Ganancias para que cumpla con su rol.

Si por el contrario es un sistema de distribución de la renta, como plantea el Gobierno nacional, la cuestión ya es otra y si es como plantea la oposición y algunos gobiernos provinciales, que es un mecanismo para hacer caja sin tener que coparticiparlo, más todavía.

En el ínterin está la economía de carne y hueso.

Ya se percibe un fuerte definanciamiento para encarar la campaña agrícola 2009/10, producto de la seca, la baja de los granos, los altos costos del año pasado y la incertidumbre política.

Pero vuelve a tener vigencia aquí la cuestión de lograr un consenso en torno a la forma impositiva que armonice justicia social con estímulo a la producción.

Javier Preciado Patiño