El 13 de febrero pasado escribía en este blog sobre las similitudes existentes en materia de relación campo Gobierno entre el tercer gobierno de Perón y el actual momento político.

Decía allí que “a diferencia de lo ocurrido en el 73, en esta ocasión no hubo iniciativa política del kirchnerismo de desafiar al establishment agropecuario con proyectos como Ley Agraria, Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra o algún otro pudiera ser interpretado como un ataque a la propiedad privada“.

Si bien esto continúa vigente, la posibilidad de que la administración de CFK impulse la creación de un organismo que actúe en el comercio granario no hace sino reforzar los paralelos.

En 1973, el gobierno del Gral. Perón promulgó la ley 20.573, en cuyo Artículo 1 se establecía que “la comercialización de la producción nacional de granos y otros productos agrícolas y sus productos y subproductos de la industrialización primaria estará a cargo del Estado nacional (…) con carácter exclusivo y excluyente a través de la Junta Nacional de Granos“.

Con mucha justeza, observa Mario Lattuada, investigador que estudió este período político, que la aprobación de esta ley en el Congreso provocó fisuras entre los legisladores del bloque gobernante “que tomó forma de una oposición entre la Cámara de Diputados y la de Senadores”, citado por Carlos Makler.

Aunque sin demasiadas precisiones, el tema vuelve a estar hoy en el candelero.

Lo previsible es que como en el 73, el proyecto provoque el pleno rechazo de SRA y CRA, y seguramente también el de FAA y Coninagro. En aquellos años, la Federación Agraria de Humberto Volando apoyaba a priori la intervención oficial en el mercado granario. Sin embargo, cuando el proyecto tomó forma y se implementó, la entidad quedó en la vereda de la crítica junto a las entidades con las que conformaba la Mesa de Enlace (el mismo nombre que ahora).

Por otra parte, sumando estos antecedentes a los más recientes de la 125, solo es pronosticable un fracaso si un proyecto de estas características fuera hoy al Congreso Nacional.

Después de la derrota que le infligió el agro, el kirchnerismo hasta ahora demostró capacidad de recuperación al obtener la aprobación de leyes polémicas como blanqueo de capitales, estatización de AFJP, superpoderes o Aerolíneas.

¿Qué sentido tendría arriesgar ese capital impulsando un proyecto que va al choque contra el campo?

Por el contrario, sacarlo por decreto no haría sino contradecir el discurso de CFK el pasado domingo, donde habló de la institucionalidad y el respeto al Poder Legislativo.

Sería por otra parte, la confirmación de que no cuenta con fuerza suficiente en el Congreso para lograr su aprobación.

Un par más de reflexiones:

El Australian Wheat Board y el Canadian Wheat Board, nacidos en los años 30, en paralelo con nuestra Junta Nacional de Granos, al igual que muchos otros organismos conocidos como single desk (monopolios comerciales) ya no son lo que eran.

En Australia el mercado de trigo se ha desregulado y el AWB se ha convertido en una empresa comercial cuyas acciones cotizan en bolsa. Ya no detenta el monopolio del cereal, aunque es cierto que para operar en la exportación se requiere una habilitación gubernamental.

En tanto, el CWB es un organismo en mano de los productores, como si dijéramos de Aaprotrigo o Argentrigo en la Argentina, que mantiene el monopolio de la exportación de trigo y cebada o su venta a la industria alimenticia canadiense.

Pero el tema de fondo es que cuando estos organismos se crearon lo fueron con la idea de mejorar el precio que recibían los productores.

En el caso de la Argentina actual, más bien el sector tiene la impresión de que si los chacareros no acceden al precio lleno de sus granos se debe a la política oficial, particularmente en lo que refiere a trigo y maíz. 

Javier Preciado Patiño