Normalmente, pasados unos 45 días cualquier persona con acceso a internet podía saber cuál había sido la molienda de cereales y oleaginosas de un determinado mes en la Argentina.

Por ejemplo, a mediados o fines de setiembre estaba disponible la información de julio, un mes después la de agosto y así sucesivamente.

Si bien esto no era lo ideal –ya que por un lado los operadores están obligados a informar prácticamente en tiempo real y por el otro existen dispositivos informáticos para procesar y hacer accesible esa información- al menos permitía darse una idea –hay que remarcarlo, con información oficial- de la evolución de esa actividad.

Llamativamente, a partir de diciembre esa información dejó de actualizarse.

Al principio podía ser adjudicable a alguna circunstancia puntual propia de fin de año, pero el hecho de que a abril de 2009 todavía siga siendo la de setiembre de 2008 la última información disponible sobre la molienda, habla cuando menos de la escasa prioridad otorgada a la acción de informar.

Sin embargo no se trata de un hecho aislado. Gran parte de la información que se suministraba acerca del mercado granario o vacuno ha sido suprimida o reemplazada por otra de menor calidad.

El último caso, público y notorio, ha sido el de las estimaciones de cosecha, donde la correspondiente a marzo seguía el viernes 3 de abril sin difundirse, lo que no hace sino acrecentar las sospechas sobre la manipulación de la información.

Sin embargo no se debe caer en la ingenuidad: sectores ideológicamente contrarios al gobierno han utilizado las estadísticas públicas para hostigarlo y, con el apoyo de sistemas de medios afines, crear en la opinión pública sensaciones negativas favorables a sus posiciones.

Pero la pregunta de fondo es, ¿justifica un uso irresponsable de los datos su silenciamiento o manipulación por parte del Estado?

En el caso que nos compete, el de la actividad agrícola, se presenta esta fallida cosecha 2008/09 como una consecuencia de las erradas políticas del Gobierno en la materia, cuando se sabe que el clima y la mala de relación de precios entre insumos y granos han participado tanto o más que la desazón anímica provocada por el conflicto rural.

Si así fuera, la caída de la producción de trigo australiano, durante dos campañas seguidas al 50% de lo normal, debería ser culpa de la gestión política, lo cual no resiste el menor análisis.

Pero a fuerza de ser justos, la situación inversa suele darse con tanto o más frecuencia: los gobiernos suelen atribuirse como logros campañas agrícolas récord, cuando lo cierto es que la política macroeconómica es uno de los factores, junto con el clima, los factores de mercado y el ánimo de los empresarios rurales.

Restringir el acceso a la información es un retroceso en materia de calidad institucional.

Se da la paradoja que mientras que la industria informática y de las comunicaciones lanza al mercado tecnologías cada vez más poderosas para intercambiar información, las gestiones públicas hagan lo imposible por bloquear el acceso.

El caso del ocultamiento de la aftosa, durante la gestión de la Alianza (1999 – 2001) es un ejemplo de desinformar en nombre del bien común o la razón de Estado, para colmo en una confluencia público privada posiblemente sin precedentes.

A mediados del Siglo XX un matemático estadounidense, Norbert Wiener, proclamó que las restricciones al intercambio de información aceleran el proceso entrópico, mientras que su facilitación lo retarda.

Según Wiener, la evolución de un mamífero, de sangre caliente, respecto de un reptil, de sangre fría, se expresa en la mayor capacidad del primero para intercambiar información con el medio ambiente y adaptar sus sistemas, lo cual resulta una ventaja competitiva impresionante.

Wiener, el padre de la cibernética, fue uno de los fundadores de la plataforma sobre la cual hoy se desarrollan las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Por otra parte, un Estado que hace pública su información democratiza su acceso.Elimina los privilegios. Como un río que fluye hacia el mar, intentar tabicar su recorrido no hace al agua sino buscar vías alternativas para alcanzar su destino, solo que a un costo energético mayor. Lo mismo ocurre con los datos a los cuales la ciudadanía debería tener acceso.