Si pensamos en una agenda parlamentaria para 2011, no podríamos ignorar dos cuestiones de alta sensibilidad para la producción agrícola: la reforma de la ley de semillas y la promulgación de una ley sobre fitosanitarios.

Empecemos por lo segundo. Desde el retorno de la democracia, en 1983, que se intenta darle al país una ley que norme sobre los fitosanitarios o agroquímicos.

Los esfuerzos han sido ininterrumpidos a lo largo de estos 27 años, desde el entonces diputado Felipe Solá, hasta los senadores Gioja y Urquía, han intentando que el Parlamento argentino promulgue una ley.

Pero en el mejor de los casos, la ley logró la media sanción de una de las cámaras para perder estado parlamentario en la otra, por falta de tratamiento y hacer que el trámite vuelva a foja cero.

Sobre el filo del año, la comisión de Agricultura del Senado que preside Josefina Meabe buscó reactivar el proyecto vigente, pero que pasará al 2011.

Lo mejor es que sobre este proyectos, las cámaras empresarias vinculadas a la cuestión opinan que es correcto. Entonces, ¿qué frena su discusión habiendo consenso de al menos un eslabón destacable de la cadena?

En cuanto a la reforma de la ley de semillas 20.247, que data de 1973, el debate parlamentario es necesario para que se dirima una puja entre dos visiones sobre el asunto. Es que mientras el sector semillero clama por reforzar el marco de la propiedad intelectual un sector del ruralismo se ancla sobre la defensa del derecho al uso propio y la regulación de la biotecnología bajo el ala de la ley de obtenciones vegetales antes que la de patentes.

La arena donde se debe dirimir este debate  y donde los actores deben sacar lo mejor de sí para convencer a la sociedad de que lo que proponen es lo mejor, es el Parlamento.

Lo peor que podría hacer el Congreso es evitarlo.

De todas maneras, las expectativas son medias, dado que nos enfrentamos a un año electoral, donde la actividad parlamentaria tiende a menguar y a centrarse en la campaña política.

Pero es parte de la responsabilidad del sector instalar la necesidad del debate y la discusión democrática de las visiones sobre dos aspectos fundamentales para la productividad del campo.