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Paradoja: en octubre se exportó biodiésel y se importó gasoil, con saldo negativo en la balanza comercial

Por Javier Preciado Patiño
A primera vista, los datos pueden resultar sorprendentes: en el pasado mes de octubre, la industria del biodiésel exportó más de 200.000 toneladas, volumen que ingresa entre los más altos mensuales en la corta historia de esta industria.
De acuerdo con el informe de RIA Consultores, los principales compradores fueron los Estados Unidos y su estado asociado de Puerto Rico, que determinaron el 70% de las operaciones. Los países europeos, otrora el principal destino del biocombustible argentino (particularmente España), representaron sólo el 26% de las operaciones, quedando el 4% restante a manos de Perú.
¿Por qué es “sorprendente” este nivel de exportaciones? Hasta julio de 2012, la industria del biodiésel estaba exportando en torno de las 180.000 toneladas mensuales. Pero en agosto, el cambio de reglas de juego, modificando el sistema de cálculo de los derechos de exportación (además de modificar el cálculo del valor para el corte interno con gasoil) hundió las ventas externas a la mitad de los volúmenes precedentes.
El propio Indec da cuenta de este fenómeno que llega a límites extremos en mayo del corriente año, cuando apenas se exportaron 7.600 toneladas. Por otra parte, no es que este volumen no exportado se haya volcado al corte interno, al cual se destinan algo más de 80.000 toneladas mensuales, sino que simplemente afecta la capacidad productiva de la industria. Hoy, ésta opera a un 40% de su capacidad potencial.
Por otra parte, la industria del biodiésel europea presionó a las autoridades del viejo continente a imponer aranceles extraordinarios al producto argentino (al igual que al indonesio, con la diferencia que el origen allá es la palma), gravámenes extraordinarios que se sumarán a partir del 1 de enero de 2014 a la quita del Sistema Generalizado de Preferencias, encareciendo aún más el producto argentino.
De ahí que la verdadera razón para esta “primavera” exportadora que ha vivido la industria del biodiésel durante octubre y setiembre (cuando se exportaron unas 170.000 toneladas) se deba exclusivamente al bajo valor relativo respecto del gasoil, que es aprovechado por traders globales para mezclarlo con combustible fósil y exportarlo a países de África o Asia, haciendo un negocio redondo. Se trata de un fenómeno circunstancial y no de un proceso de consolidación de mercados externos.
Siguiendo con el informe de RIA Consultores, según la misma Aduana, durante octubre se importaron unas 208.000 toneladas de gasoil, el 70% desde los Estados Unidos, a un valor FOB origen (EE.UU.) de 952 dólares, más de 70 dólares por encima del valor promedio de exportación del biodiésel. Si se suman los costos de flete y seguro y nacionalización del combustible fósil, esa brecha se incrementa mucho más aún, por encima de los cien dólares por tonelada.
Ahí viene la paradoja energética de estos días: mientras se está exportando biodiésel se importa gasoil, con un saldo en la balanza comercial deficitario para nuestro país.
A principios de octubre, la industria del biodiésel le envió una carta a la Presidenta de la Nación solicitándole la adopción de medidas que corrijan la situación, como ser el incremento del corte obligatorio de 7 a 10%, para ayudar a disminuir la capacidad ociosa del sector.
Uno de los puntos que desde el sector destacan (no incluido en la misiva, que terminó siendo derivada a las autoridades de Planificación y de Economía) es que mientras el biodiésel tributa una serie de impuestos internos que trepan al 41%, el gasoil importado está eximido de esos gravámenes, lo que hace que a las petroleras les resulte más conveniente su importación que el abastecimiento interno con una fuente renovable. La idea no es eximir al biodiésel sino ponerlo en igualdad de condiciones con el producto importado.
En segundo término, y no menos importante, es sentar las bases para el desarrollo de una industria cuya médula espinal es la soberanía energética, una cuestión para nada menor en estos tiempos que corren, que no sólo involucra a las grandes compañías sino también a pequeñas y medianas empresas del interior del país.

Un mazazo a la industria nacional del biodiésel y el agregado de valor en origen

Por Javier Preciado Patiño

Las medidas publicadas este viernes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación sobre la política de producción de biodiésel pueden representar el certificado de defunción para las pequeñas y medianas empresas nacionales, radicadas en el territorio productivo, que está proveyendo al corte obligatorio y que en los últimos años han invertido millones de dólares en agregarle valor al aceite de soja.

Es que el precio estipulado de $4.405,30 para la tonelada de biodiésel destinado al corte significa un descuento de 21% respecto de los $5.195,70 que establecía el ministerio de Planificación a través de la fórmula de cálculo, que es parte de la normativa complementaria de la Ley 26.093.

Es importante tener en cuenta el siguiente punto: Del acuerdo para la provisión de biodiésel en 2012, ratificado por la Resolución ministerial 56/2012, participan 27 empresas, con una capacidad de producción de 3,2 millones de toneladas. De ese total, 16 son empresas con una capacidad inferior a 50.000 toneladas año, es decir medianas o chicas. Son empresas radicadas en todo el interior productivo del país, en San Luis, en Entre Ríos, en el sur de Buenos Aires, en el oeste bonaerense, por citar solo algunas regiones.

Son empresas de capitales nacionales que apostaron a seguir integrándose en la cadena de agregado de valor, transformando primero la soja en expeller y aceite y luego el aceite en biodiésel.

Estas empresas tienen el 35% de la provisión del corte obligatorio, que para este año trepa a 1,3 Mt. Pero con el nuevo valor de $4.405,3 quedan sin ningún tipo de margen o el mismo pasa a ser negativo.

Hagamos la siguiente cuenta: el valor del aceite en el mercado  interno ronda los 820/830 dólares. A eso hay que agregarle, de acuerdo a los especialistas en industrialización, unos 130 dólares de costo de transformación, lo que lleva el resultado final a 950 dólares. Por otra parte 4.405,30 $/tonelada a una paridad oficial de 4,61 da 955 dólares por tonelada. ¿Y la renta por el agregado de valor?

Por el lado de las exportaciones, la situación tampoco parece razonable. De mantener un excesivo diferencial de derechos de exportación de 12 puntos porcentuales entre el aceite y el biodiésel (que viene de arrastre desde 2008 y que llevó a la presentación de un panel en la OMC) ahora se pasado al otro extremo: “cero”. Se supone que la política de derechos de exportación tiende a favorecer los procesos de transformación. Entonces ¿cómo podría estar igual la materia prima (el aceite), que el producto de su industrialización (el biodiésel)?

Efectos colaterales

El abrupto cambio de reglas de juego es un mazazo para el desarrollo de un modelo de agregación de valor en origen. Hay muchos proyectos de bioetanol en marcha, cuyas inversiones son multimillonarias y que vienen de cooperativas o asociaciones de productores rurales. De hecho, uno de ellos comenzará a operar este mismo mes. ¿Pueden sentir que en cualquier momento también ellos serán víctimas de los virajes de la política?

También pegará fuerte sobre el productor primario de soja. El argumento bajo cuerda de los aceiteros es que el diferencial entre el aceite y el biodiésel era lo que les permitía pagar mejor por el poroto de soja, porque tenían más margen para comprar. Con la misma lógica pero ahora en sentido contrario, ahora podríamos espera una caída en el precio que los productores reciben por el poroto.

Y esto recién empieza.

Biocombustibles, la llave del Uruguay para su soberanía energética

Por Javier Preciado Patiño

Todo lo que pueda decir el fundamentalismo ambiental se cae como un piano frente a lo contundente de la realidad, que es la única verdad. En noviembre de 2009, Uruguay pudo consumir por primera vez en su historia combustibles originados en su propio territorio.

Nuestro vecino país debe recurrir al petróleo importado para refinarlo y así a mover su transporte. Pero en los primeros años de este siglo, la estatal Ancap dio un paso trascendental al comprar un ingenio en el noroeste del país y dar a luz a la empresa Alcoholes del Uruguay SA, con la idea de comenzar allí la producción de biocombustibles, operación que arrancó en 2006.

Tres años después se despachaban los primeros 120.000 litros de bioetanol a Montevideo con destino a su corte con nafta. La crónica del hecho es conmovedora por lo que significa en términos de soberanía geopolítica para nuestros socios del Mercosur.

Hoy Alur SA es una empresa estatal en plena expansión que está interactuando positivamente con los productores rurales que le proveen las materias primas para la producción de biocombustibles.

En materia de bioetanol, al ingenio de Bella Vista (Dto. de Artigas) le están sumando una planta en Paysandú (donde tienen una planta de producción de alcoholes), que les va a cuadruplicar su capacidad.

En biodiésel, tienen una planta en Montevideo a la cual le están ampliando la capacidad de producción también.

Entre 2006 y 2011 la facturación pasó de 20 a 112 millones de dólares, y esto recién empieza.

Porque están logrando una sinergia con la producción primaria excepcional. Para bioetanol están privilegiando la caña de azúcar junto con el sorgo azucarado. Hoy están en 8.000 hectáreas en conjunto, pero el plan es expandir hasta 15.000. Y en oleaginosos le están poniendo muchas fichas a la colza y al girasol. Además, con las harinas proteicas y el DDGS sustituyen importaciones de alimentos balanceados.

Si todo sale como está planeado, en unos años más el 10% de las naftas habrá sido suplantado por bioetanol y más del 5% con biodiésel (hoy están en 5 y 2% respectivamente), y para ello apenas estarán utilizando unas pocas decenas de miles de hectáreas de cultivo.

Y lo que es mejor, en una carrera que recién empieza y que tiene un futuro impresionante con el desarrollo de las tecnologías basadas en el uso de la celulosa.

Sí se puede: el corte obligatorio con biodiésel empieza a transitar su tercer año y goza de buena salud

Vamos a la cuestión de fondo. Estamos entrando en el tercer año del corte obligatorio con biodiésel y, de acuerdo a las fuentes que operan dentro del negocio, todo marcha dentro de los carriles adecuados.

En 2011 el corte se ubicó por encima del 6% (recordemos que por ley el piso era 5%), en su segundo año de implementación. Para este 2012, la secretaría de Energía fijó un piso de 7%, lo cual involucra más de 1,3 millón de toneladas de biocombustible destinado a la mezcla, sobre una capacidad instalada de 3,2 millones.

Segundo tema importante: Fueron 27 las empresas productoras de biodiésel que firmaron el convenio para abastecimiento del cupo. De ese total, 17 entrarían el perfil de mediana empresa, con menos de 100.000 toneladas de capacidad anual.

Hay algunos ejemplos interesantes dentro de ese grupo. Uno es del la firma entrerriana Héctor Bolzán y Cía., que opera en la siembra de cultivos, el acopio, la molienda de soja, la fabricación de biodiésel y la ovoavicultura. Es un ejemplo clarísimo de agregación de valor en origen, de “industrializar la ruralidad o ruralizar la industria”, como dijo Gustavo Grobocopatel cuando le tocó inaugurar la fábrica de fideos que levantaron en Chivilcoy. 

O está el caso de Aripar Cereales, de Daireaux, que en 2006 se lanzó a construir su planta de biodiésel a partir de aceite de soja, integrando con fierros y mano de obra, la unidad de negocio del acopio.

O Pitey SA, que tiene la planta en Mercedes (San Luis) y está colocando el expeller en el mercado chileno para las industrias avícolas y porcinas. Ojalá pronto seamos los argentinos los que estemos criando estos monogástricos con destino a la exportación en estas regiones extrapampeanas.

En la otra punta están los grandes players globales, como LDC (Dreyfus) o Cargill, o los joint ventures con compañías locales, o los grandes emprendimientos de las aceiteras argentinas líderes, como AGD y Vicentín, o grupos económicos como Eurnekian (Unitec Bio) o  Lucci (Viluco).

El dato es que las 10 grandes tienen el 83% de la capacidad de producción, pero el 53% del cupo para el corte interno. De acuerdo a lo que dicen los mismos empresarios locales, el precio que establece la Secretaría de Energía deja una utilidad razonable y otorga previsiblidad porque se arbitra en valores de mercado.

En síntesis, un negocio generado a partir de una herramienta de política activa, que nació en 2006 y que hoy está dando oportunidades al pequeño y mediano empresariado nacional. Que va por su tercer año consecutivo de ejecución y que puede ser un ejemplo de que cuando los argentinos queremos, podemos.