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Estados Unidos: u$s60.000 millones al año para que el 14% de su población acceda a los alimentos

 

Cada maestro con su librito. Pero la cuestión de cómo lograr que los alimentos sean accesibles a la población es una política que barre el planeta, más allá de las metodologías implementadas.

El punto es que los Estados Unidos no solo no son ajenos a esta política, sino que destinan importantes partidas presupuestarias a la cuestión.

El último informe de performance del Dto. de Agricultura de los Estados Unidos (2010 Performance and Accountability Report) da cuenta de ello perfectamente. En el ejercicio 2010, el Congreso americano le aprobó a este organismo creado por Abraham Lincoln en 1862, partidas por u$s188.700 millones, cifra 10% superior a la otorgada para el ejercicio fiscal 2009 (es decir, más gasto público).

Esos fondos se aplicaron a programas organizados en cuatro metas. La primera apunta directamente a las comunidades rurales, es decir a asistir al productor y su entorno. La segunda tiene que ver con los recursos naturales y la sostenibilidad del ambiente. La tercera apunta a la promoción de la producción, la biotecnología y las exportaciones agropecuarias. La cuarta y última engloba programas dedicados al acceso de la población a los alimentos, tanto en cantidad como en calidad.

Todos estos programas demandaron unos u$s132.400 millones para su ejecución, pero la sorpresa viene cuando se observa que ha sido el acceso a los alimentos la meta a la que más recursos se aplicaron: unos u$s95.000 millones, o el 72% de esos fondos.

Dentro de esa meta, el programa a su vez que más demandó fue el Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap), que resulta una reconversión del Food Stamp, una ley de lucha contra el hambre y cuyo origen se remonta a mediados del Siglo XX.

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Apogeo y Ocaso de las Compensaciones en su Tercer Cumpleaños

Surgieron a fines de 2006 como una forma creativa de armonizar la presión que la industria alimentaria sufría por la suba de los granos, con la política antiinflacionaria gubernamental.

Se instrumentó en el primer semestre de 2007 inicialmente para el sector avícola, al cual se fueron sumando progresivamente la molienda de trigo, los productores de este cereal, la industria láctea, los tamberos, los criadores porcinos, los industriales aceiteros, los feedlots y la molienda seca de maíz.

La política de compensaciones lleva transferidos más de $4.500 millones a estas actividades. Sin embargo, tras vivir su apogeo a mediados de 2008, hoy se puede decir que se encuentra en contracción.

Hay dos razones que podrían explicar este fenómeno.

La primera -una certeza- es la baja de los precios de los commodities, tras la burbuja del primer semestre del año pasado, que reduce el costo de los reembolsos.

La segunda -una hipótesis- es la necesidad del Estado de empezar a cuidar la caja, lo que derivó, entre otras cosas, en la liberación de los precios de los servicios (energía), para reducir el gasto.

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