Días atrás ojeaba un proyecto de declaración de dos diputados provinciales en Buenos Aires, expresando su preocupación por las consecuencias que sobre la salud humana pueden tener las aplicaciones de glifosato que las empresas de ferrocarriles realizan en torno a las vías de tren.

En los fundamentos, los bienintencionados legisladores señalaban la movida que venían haciendo varias ONGs del partido de Vicente López para impedir la aplicación del herbicida.

Este hecho, si se quiere minúsculo, es la punta de un iceberg de un frente que, parado en la vereda del ambientalismo y la salud, pide a gritos el fin de los agroquímicos.

Pero antes de entrar en el tema, quiero señalar dos o tres cosas que me llaman profundamente la atención:

1) Si el glifosato es tan peligroso para la gente, que la sola fumigación de los yuyos en las vías del tren representa un riesgo para los vecinos, ¿como es que los contratistas rurales, que manejan los tractores y las fumigadoras, o los mismos ingenieros agrónomos no están ya todos muertos?

2) ¿No deberíamos entonces parar la fumigación contra el mosquito del dengue? Seguramente hay algún estudio científico que dice que el principio activo del insecticida genera mutaciones en el tracto intestinal del embrión de los batracios.

3) ¿Por qué los presuntos efectos nocivos del glifosato sobre la salud ocurren en proporciones escandalosas en determinados lugares, y en otros, donde las condiciones son exactamente iguales, parece que nunca hubo problemas?

4) ¿Por qué la única voz que se escucha es la del ambientalismo, y las cámaras empresarias de la industria de los agroquímicos guarda un extraño silencio, así como las asociaciones profesionales (salvo honrosa excepción) o las mismas entidades de productores? (corrección post publicación: el viernes Ciafa y Casafe salieron a cruzar las denuncias con un comunicado).

5) ¿Quién gana y quién pierde si se prohiben agroquímicos genéricos como el endosulfán o el glifosato?

Vayamos desgranando estas cuestiones.

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