Por Javier Preciado Patiño

Las medidas publicadas este viernes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación sobre la política de producción de biodiésel pueden representar el certificado de defunción para las pequeñas y medianas empresas nacionales, radicadas en el territorio productivo, que está proveyendo al corte obligatorio y que en los últimos años han invertido millones de dólares en agregarle valor al aceite de soja.

Es que el precio estipulado de $4.405,30 para la tonelada de biodiésel destinado al corte significa un descuento de 21% respecto de los $5.195,70 que establecía el ministerio de Planificación a través de la fórmula de cálculo, que es parte de la normativa complementaria de la Ley 26.093.

Es importante tener en cuenta el siguiente punto: Del acuerdo para la provisión de biodiésel en 2012, ratificado por la Resolución ministerial 56/2012, participan 27 empresas, con una capacidad de producción de 3,2 millones de toneladas. De ese total, 16 son empresas con una capacidad inferior a 50.000 toneladas año, es decir medianas o chicas. Son empresas radicadas en todo el interior productivo del país, en San Luis, en Entre Ríos, en el sur de Buenos Aires, en el oeste bonaerense, por citar solo algunas regiones.

Son empresas de capitales nacionales que apostaron a seguir integrándose en la cadena de agregado de valor, transformando primero la soja en expeller y aceite y luego el aceite en biodiésel.

Estas empresas tienen el 35% de la provisión del corte obligatorio, que para este año trepa a 1,3 Mt. Pero con el nuevo valor de $4.405,3 quedan sin ningún tipo de margen o el mismo pasa a ser negativo.

Hagamos la siguiente cuenta: el valor del aceite en el mercado  interno ronda los 820/830 dólares. A eso hay que agregarle, de acuerdo a los especialistas en industrialización, unos 130 dólares de costo de transformación, lo que lleva el resultado final a 950 dólares. Por otra parte 4.405,30 $/tonelada a una paridad oficial de 4,61 da 955 dólares por tonelada. ¿Y la renta por el agregado de valor?

Por el lado de las exportaciones, la situación tampoco parece razonable. De mantener un excesivo diferencial de derechos de exportación de 12 puntos porcentuales entre el aceite y el biodiésel (que viene de arrastre desde 2008 y que llevó a la presentación de un panel en la OMC) ahora se pasado al otro extremo: “cero”. Se supone que la política de derechos de exportación tiende a favorecer los procesos de transformación. Entonces ¿cómo podría estar igual la materia prima (el aceite), que el producto de su industrialización (el biodiésel)?

Efectos colaterales

El abrupto cambio de reglas de juego es un mazazo para el desarrollo de un modelo de agregación de valor en origen. Hay muchos proyectos de bioetanol en marcha, cuyas inversiones son multimillonarias y que vienen de cooperativas o asociaciones de productores rurales. De hecho, uno de ellos comenzará a operar este mismo mes. ¿Pueden sentir que en cualquier momento también ellos serán víctimas de los virajes de la política?

También pegará fuerte sobre el productor primario de soja. El argumento bajo cuerda de los aceiteros es que el diferencial entre el aceite y el biodiésel era lo que les permitía pagar mejor por el poroto de soja, porque tenían más margen para comprar. Con la misma lógica pero ahora en sentido contrario, ahora podríamos espera una caída en el precio que los productores reciben por el poroto.

Y esto recién empieza.